LAVADO: OTRO FRACASO DE LA T4

Uno tras otro, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha ido perdiendo los casos más emblemáticos de bloqueos de cuentas bancarias a personajes presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa.

De hecho, la organización Mexicanos Contra la Corrupción logró documentar en 2020 que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (es el tipificado en el país, equiparable al lavado de dinero), tiene un 98 por ciento de impunidad. Es decir, de cada 100 casos, solamente 2 terminan con una sentencia.

Y no se trata de un fracaso del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es una situación sistémica y estructural que se ha permitido por décadas en México, pues parece que nadie conviene tener fuertes mecanismos de control para prevenir el lavado de dinero ilícito.

Ya con Felipe Calderón se pretendió una reforma que buscaba contener un poco, que no detener, el flujo de dinero sucio que corre en el sistema financiero mexicano, y por ello se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual cobró más relevancia con Enrique Peña Nieto, y ahora con AMLO, ha alcanzado su cénit al desplegar una estrategia que, en los números, tampoco está funcionando.

El triste papel de Santiago Nieto como titular de la UIF se limitó a bloquear cientos de cuentas de personajes que, desde la óptica institucional, están relacionados con el narcotráfico, y es así como se conocen que familiares de capos como Ismael Zambada García, de los Guzmán, de los Caro y Quintero, y grandes empresarios de fortunas sospechosas, fueron intervenidos por la unidad entre 2019 y 2020.

Pero ahora todos y todas siguen obteniendo amparos en los juzgados. Las razones que se han logrado documentar en las páginas de El Sol de Sinaloa son variadas, pero la mayoría tiene que ver con que la UIF no envía sus expedientes para que la Fiscalía General de la República inicie con la carpeta de investigación correspondiente, por lo que los jueces y magistrados concluyen que no hay elementos de peso para congelar una cuenta bancaria, si la autoridad responsable, no confirma que ese recurso proviene de actividades ilícitas.

En otras palabras, la UIF congela cuentas bajo el supuesto o la sospecha de que el dinero depositado en cuentas de ciertas personas, como familiares de capos, provienen de la ganancia del crimen organizado. Sí, pero no deja de ser mera sospecha, por eso pierde los casos, ya que no comprueba de manera legal la procedencia ilícita del dinero.

Por ejemplo, la esposa de Ovidio Guzmán López ganó un amparo definitivo de manera reciente gracias a que la Unidad que hoy dirige el experredista Pablo Gómez el azote de la derecha mexicana no logró demostrar que el dinero que transita en las cuentas de la joven, se lo diera la organización. Una hermana del Mayo Zambada, demostró otro ejemplo que el dinero de su cuenta en Santander vienen de su jubilación como maestra. Y ella sí aportó documentos. En cambio, la UIF no entregó evidencias de que su dinero sea ilegal. Así las cosas.

OLVIDO A CONVENIENCIA

La procuración de justicia debería ser el gran tema de este país, pero la Cuarta Transformación, es decir, el presidente, tiene al órgano electoral mexicano como la gran bestia a la que hay que combatir, mientras que desde las estructuras del poder se sigue pisoteando al Estado de derecho.

De ahí que hoy en día, la justicia sea selectiva y la Unidad de Inteligencia Financiera sea usada como un instrumento de coacción a los rivales políticos del régimen de López Obrador. Palo a los enemigos; beneplácito y perdón a los amigos. Difícilmente Pablo Gómez enderezará lo que nació torcido, pues desde la época de Peña Nieto esta Unidad es usada en contra de los opositores. Y los casos ahí están a la vista en los medios de información.