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Proyectan impugnar decreto presidencial

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores valora proceder legalmente cuando se publiquen los lineamientos de éste

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) evaluará iniciar acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación en contra del decreto presidencial para regularizar vehículos usados que ingresan de manera ilegal, principalmente de Estados Unidos conocidos como “chocolate”.

Tras la firma del decreto el pasado sábado en Ensenada por el primer mandatario, la agrupación del sector privado dijo que valorarán proceder legalmente cuando se publiquen los lineamientos del decreto de regularización, una medida que -acusó la AMDA- formaliza la corrupción.

El ordenamiento presidencial deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y aplicará para Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hasta donde se sabe, los dueños inscribirán sus unidades en un registro y pagarán 2 mil 500 pesos por cada una, recursos que según el gobierno federal se usarán para mejorar vialidades en la zona fronteriza.

“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”, reiteró la AMDA ayer.

QUE REGRESE REPUVE

El organismo pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador refundar el Registro Público Vehicular (Repuve) a través de la aprobación de una ley general que le otorgue facultades plenas para ordenar el trámite, hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y estructurar los procedimientos de control vehicular federal y locales.

Consideró que desde la aprobación de la Ley del Repuve en septiembre de 2004 y hasta ahora no ha cumplido con sus responsabilidades. “La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia”.

FRENAR DELITOS

En el anuncio del sábado, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que uno de los objetivos del decreto presidencial es evitar que se cometan delitos con estos vehículos.

Según cálculos de Anapromex la legalización de 5 millones de autos de este tipo dejaría a las arcas públicas 20 mil millones por recaudación de impuestos.

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2021-10-18T07:00:00.0000000Z

2021-10-18T07:00:00.0000000Z

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