Kiosco OEM

Grupo México se baja del Tren Maya

La empresa de Germán Larrea informó que firmó un acuerdo con el gobierno el pasado miércoles

JUAN LUIS RAMOS Con información de Adrián Bonola/El Heraldo de Tabasco

Concluyó su participación en el Tren Maya debido a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023

CDMX. Grupo México informó a sus inversionistas que aceptó un acuerdo con el gobierno federal para cerrar su participación en la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa de Germán Larrea dio a conocer que firmó un acuerdo con el gobierno el pasado miércoles, como parte de las negociaciones por la concesión de tres tramos ferroviarios al sur de Veracruz que mediante un decreto la administración federal le quitó a Ferrosur, filial de la compañía.

En julio del año pasado, la administración de López Obrador rescindió el contrato que tenía con un consorcio encabezado por Grupo México para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

Entonces, el jefe del Ejecutivo federal declaró la obra como seguridad nacional y cedió la construcción de dicho tramo al

Ejército. Meses más tarde, el propio Presidente acusó a la empresa de incumplir con el contrato que se le adjudicó para dicha obra, el cual superaba los 17 mil millones de pesos.

La compañía de Larrea negó haber incumplido con el contrato y emprendió una demanda por la terminación anticipada del mismo.

Grupo México explicó que se terminó su participación en el Tren Maya debido a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023, tal como lo solicitó el gobierno y aún cuando otros consorcios aseguraban poder tenerlo terminado en dicha fecha.

“Posteriormente el Gobierno Federal declaró la obra como de seguridad nacional y dio por terminado anticipadamente el contrato. Desde ese momento el consorcio llevó a cabo todas las acciones requeridas por Fonatur para formalizar el cierre de ese contrato y proceder a la conciliación y pago de los trabajos realizados”, explicó la empresa.

Este jueves, el presidente López Obrador informó sobre un acuerdo con el consorcio encabezado por Grupo México para que desistiera de una demanda impuesta en contra del gobierno por el Tren Maya.

“Se logró también que la empresa, en otra subsidiaria, sí, levantar una demanda que habían interpuesto contra el Tren Maya”, dijo el mandatario el jueves en su conferencia matinal desde Ciudad Madero, Tamaulipas.

Ni Grupo México ni Fonatur, implicadas en el caso, dieron mayor detalle sobre el acuerdo alcanzado para retirar la demanda.

No obstante, el jueves Grupo México informó que firmó un convenio con las secretarías de Gobernación (Segob),Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Marina (Semar), por la entrega de 127 kilómetros de vía principal en los tramos ferroviarios comprendidos entre El Chapo-Coatzacoalcos, CoatzacoalcosMedias Aguas y el de Hibueras-Minatitlán, los cuales fueron ocupados el pasado 19 de mayo por la Marina.

La empresa indicó que convino con el gobierno una extensión por ocho años a una concesión de vía en la zona, además de mantener el derecho de paso por los tramos ocupados.

TERMINA PARO

Los obreros de la firma China Communications Construction Company, que fabrica durmientes para el Tramo 1 del Tren Maya, en Balancán, Tabasco, regresaron a laborar ayer, luego de 40 horas de paro, tras negociaciones con la empresa asiática sobre el pago de utilidades, otorgamiento de bonos y mejores condiciones de trabajo.

Las negociaciones, en donde participaron representantes legales de la empresa, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Gobierno de Tabasco, se prolongaron por más de 12 horas.

“Si su actividad es en el mismo sector en el que son servidores eso abre la puerta a conflictos de intereses”

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA MEXICANA

CDMX. Al menos siete altos mandos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador percibieron en 2022 “ingresos extras” similares, iguales o superiores a sus salarios netos anuales como servidores públicos, por venta de inmuebles, de autos, arrendamientos o pensiones, entre otros conceptos.

De acuerdo con las declaraciones patrimoniales en 2023 de distintos funcionarios publicadas en la plataforma Declaranet, tal es el caso de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien no sólo registró ingresos superiores a los del presidente López Obrador, sino que se quedó a 300 mil pesos de percibir el doble de su salario como servidor público a través de ingresos extras.

El funcionario reportó en su declaración patrimonial una percepción anual neta como servidor público de 2.1 millones de pesos, pero también registró ingresos adicionales por 3.9 millones de pesos, de los cuales 3.5 millones fueron por un arrendamiento (sin especificar el bien) y 440.4 mil por fondos de inversión.

En esa misma situación está el subsecretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres: rebasa el salario del Presidente, —que el año pasado fue de 1.6 millones de pesos netos—, y superó su salario como funcionario federal con sus propias actividades particulares.

La percepción anual de dicho funcionario en 2022 fue de 3.6 millones de pesos en su cargo como servidor público, pero además reportó la venta de un inmueble por un monto de 3.9 millones de pesos y de un vehículo de 200 mil pesos.

En este ejercicio de rendición de cuentas, hay otros casos como el del comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Leopoldo Vicente Melchi, quien superó por 500 mil pesos su entrada anual como servidor público.

El funcionario reportó ingresos netos anuales en su cargo por 1.7 millones de pesos y percepciones extra por 2.7 millones de pesos, por cobro de pensiones.

En la misma situación está la directora general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Lirio Elízabeth Rivera Calderón. En su declaración patrimonial 2023, registró un ingreso anual neto de 4.1 millones de pesos, de los cuales 1.7 millones de pesos fueron por su cargo como servidora pública y 2.3 millones por la venta de un inmueble.

Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), duplicó sus ingresos particulares en comparación con su salario anual neto como servidor público.

Fernández Fuentes declaró un ingreso como funcionario de 1.7 millones de pesos, pero también reportó una percepción extra por 3.9 millones de pesos por la venta de un inmueble.

Rafael Fernando Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, casi igualó su remuneración anual como funcionario con los ingresos adicionales que reportó.

El funcionario registró un ingreso extra de 1.5 millones de pesos por un arrendamiento y “dividendos”. Mientras que reportó una percepción anual neta de 1.6 millones de pesos por desempeñar su encargo público.

Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también registra en su declaración patrimonial la venta de un inmueble por la cantidad de 1.4 millones de pesos, mientras que su ingreso anual neto como servidor público fue de 1.6 millones de pesos.

De acuerdo con la revisión que realizó OEM a las declaraciones patrimoniales de altos mandos de la Cuatroté, también hay funcionarios que perciben ingresos extras por becas otorgadas por el Conahcyt, como el secretario de Salud, Jorge Alcocer , de 432 mil pesos anuales.

La directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

(Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, también percibe 65 mil 833 pesos al año como investigadora C de tiempo completo con comisión en la UNAM. También Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, declaró un ingreso extra de 23 mil pesos por concepto de “pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores”.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, comentó que si bien un servidor puede tener ingresos por actividades diferentes a la de su función pública, la pregunta de fondo es “¿si su actividad económica es en el mismo sector en el que son servidores públicos”, ya que “eso abre la puerta a potenciales conflictos de intereses”.

Local

es-mx

2023-06-03T07:00:00.0000000Z

2023-06-03T07:00:00.0000000Z

https://oem.pressreader.com/article/281685439233527

Organizacion Editorial Mexicana