Constitución y fiscalización superior

A casi 200 años de su origen, en el constitucionalismo aparece la atribución de la fiscalización en la Constitución de Cádiz de 1812, se reitera en 1824, y pasa a la de 1917. Posteriormente —20 años después— se le denomina Auditoría Superior de la Federación, a partir del 20 de diciembre del 2000, con principios constitucionales.

La ASF es hoy una institución dinámica, técnica, especializada con autonomía de gestión y consolidada, que ha logrado mantener los más altos estándares de profesionalismo y eficiencia en la fiscalización superior de los recursos federales, aunado a la seguridad de que su labor ha estado alejada de influencias externas e internas, es en síntesis uno de los grandes avances de nuestra Constitución en la rendición de cuentas, gracias a los constituyentes el haber creado esta noble institución. Por otra parte, la fiscalización superior, si bien con otros nombres y estructuras, se mantuvo en los diversos documentos constitucionales que rigieron a nuestro país hasta la caída del Segundo Imperio Mexicano y la consolidación del Estado Mexicano. La Contaduría Mayor de Hacienda, contemplada en la Constitución de 1857, se abrió paso al texto constitucional de 1917, que, en su texto original, otorgó la facultad al Congreso General de expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y, de manera exclusiva, facultó a la Cámara de Diputados a vigilar su correcto funcionamiento, por medio de una Comisión exprofeso.

La Contaduría Mayor, con Gregorio Guerrero al frente, operó hasta el 2 de septiembre de 2001, cuando se transforma en la Auditoría Superior de la Federación, con la integración, funcionamiento y competencias contempladas en el artículo 79 constitucional, las cuales se potenciaron con la reforma constitucional en materia anticorrupción de mayo de 2015, que le permite auditar la transferencia de recursos federales a entidades federativas y municipios, evaluar el cumplimiento de los planes y programas federales y emitir recomendaciones para mejorar la gestión pública, entre otras, las cuales se desarrollan en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La rendición de cuentas y el control gubernamental, junto con una buena gobernanza, son constantes en nuestra historia constitucional, ya que garantizan el ejercicio correcto y transparente de los recursos públicos, observando, aclarando y en su caso sancionando su uso incorrecto.