Inai ordena a FGR informar sobre robo de contenedores

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer el número denuncias por robo de contenedores de mercancía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en los primeros tres años y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior luego de que, a solicitud de información de un ciudadano, la FGR negó que existan carpetas de investigación abiertas respecto a robos de contenedores marítimos, lo que a consideración del

Pleno del Inai es “inverosímil”, pues hace apenas unos meses la misma dependencia comunicó un delito de este tipo en el puerto de Manzanillo.

“Si el 5 de junio ocurrió este siniestro, este robo histórico y terrible, cómo es posible que la dependencia mediante la cual se supo y, naturalmente, debe seguirse una investigación, diga que no hay nada, y nada es nada; por supuesto que es inverosímil la respuesta”, cuestionó el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Recordó que del puerto colimense fueron extraídos 20 contenedores con oro y plata de los que no se sabe si llegaban o salían de México.

Los dueños del sur

Lo que se vivió aquella tarde del 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, retrató de cuerpo entero el papel del Ejército en labores policiacas.

Diversos testimonios recopilados en las últimas semanas coinciden en tres puntos clave. El primero, que desde muy temprano hubo caravanas de camionetas con gente armada que tomó bajo control las entradas y salidas del municipio. ¿Cuántos? Algunos mencionan al menos 300, otros refieren un aproximado de 500. Segundo: de manera inexplicable desde días antes los soldados del 34 batallón de infantería desaparecieron de las carreteras y caminos bajo su jurisdicción en toda esa área. Y tercero, los muertos fueron más de 20 de los que oficialmente se dijo. Pobladores con familiares en el lugar refieren que hubo más víctimas que en su mayoría fueron “levantadas” por los pistoleros para no dejar rastro en su huida.

Acusar a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes del grupo criminal “la Nueva Familia Michoacana”, como autores de la masacre donde perdieron la vida el presidente municipal Conrado Mendoza Almeda y su padre el exalcalde Juan Mendoza Acosta, junto a integrantes del ayuntamiento, debería de colocar bajo la lupa ministerial la red de protección oficial que gozan desde hace varios años.

El crecimiento del territorio bajo control de esta banda criminal, con rutas, ciudades y operadores, que han hecho de la extorsión, el secuestro y los asesinatos selectivos su modus vivendi, no tendría lógica si no existiera la complicidad de grupos políticos en la región, así como la protección y/o complicidad de funcionarios de seguridad y procuración de justicia en distintos niveles de gobierno.

El Ejército en Guerrero como caso documentado de tiempo atrás convive con estos grupos a los que, como ejemplo el clan Hurtado Olascoaga, evade confrontar lo que origina todo tipo de interrogantes.

Las fibras que ha tocado el caso Ayotzinapa, donde ha quedado en evidencia la colusión entre militares y traficantes de drogas, molesta demasiado que se hagan públicas como posiblemente lo haría una investigación seria y profesional sobre la complicidades entre militares y cabecillas criminales en la región de la Tierra Caliente.

San Miguel Totolapan es el último y más escandaloso ejemplo.

La preocupación por la impunidad y libertad con que opera la autodenominada “Nueva Familia Michoacana”, ha llegado a tal nivel que el pasado 17 de noviembre el Departamento del Tesoro boletinó a los hermanos Hurtado Olascoaga a los que acusó de encabezar una vasta red de tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo “arcoiris”, que se ha extendido por varios estados de la Unión Americana.

Las acciones estadounidenses suelen ser el preámbulo para una acción mayor. Johnny Hurtado Olascoaga líder del clan a quien apodan El Mojarro o El Pez, tiene cuentas pendientes desde el año 2000 en una corte del distrito sur de Florida por tráfico de cocaína.

La tragedia de los pobladores de San Miguel Totolapan, en su mayoría personas de escasos recursos sin acceso a programas federales, pasa por la omisión del papel que se le ha dado al Ejército y que la Suprema Corte ratificó esta semana hasta fin de sexenio.

JAVIER ACUÑA COMISIONADO “Cómo es posible que la dependencia mediante la cual se supo del robo diga que no hay nada , y nada es nada”