Piden aclarar participación de municipios

Hidalgo aún no obtiene la aprobación de su política estatal contra la corrupción por parte del SNA

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidió al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aclarar la información sobre la participación de los ayuntamientos en la política estatal anticorrupción, ya que en el mismo plan presentado no se ha detallado sobre la forma en la que se llevará a cabo la intervención de los ayuntamientos.

El sistema nacional detalló que el estatal debe definir si habrá o no participación del ámbito municipal en los subprogramas del eje estratégico de la política estatal anticorrupción, además de explicar sobre esta decisión que no está establecida.

De acuerdo con el SNA, el SEA de Hidalgo se encuentra en un proceso de atención a la retroalimentación realizada para que cumpla con las observaciones efectuadas al organismo local, ya que se deben articular de forma más específica y articulada las acciones contra la corrupción tanto a nivel estatal como municipal. Sólo 12 estados del país cuentan con sistemas estatales anticorrupción aprobados por el SNA, por lo cual Hidalgo aún no ha avanzado en su estatus respecto al cumplimiento de las observaciones realizadas por el sistema nacional para que se armonice la política de combate a la corrupción a nivel local con la que se implemente en el país.

Entre los estados del centro del país, Hidalgo se encuentra, junto con Querétaro y Tlaxcala, en proceso de retroalimentación del SNA, mientras que la Ciudad de México se encuentra entre las entidades más rezagadas, pues apenas está en elaboración de la política anticorrupción del sistema anticorrupción.

Asimismo, el SNA solicitó al organismo local que informe sobre sobre los medios en los que se expondrán los resultados de la política estatal anticorrupción, pues los datos presentados en su informe son difusos respecto a los medios de difusión del mismo programa estratégico.

Hidalgo fue una de las primeras entidades del país en cumplir con la integración del SEA, misma que se conformó desde 2015, pero hasta el momento no ha obtenido la aprobación del SNA en relación a su política estatal anticorrupción.