Malas cuentas del rector Graue

a ASF es hoy una institución dinámica, técnica, especializada con autonomía de gestión y consolidada, que ha logrado mantener los más altos estándares de profesionalismo y eficiencia en la fiscalización superior de los recursos federales, aunado a la seguridad de que su labor ha estado alejada de influencias externas e internas, es en síntesis uno de los grandes avances de nuestra Constitución en la rendición de cuentas, gracias a los constituyentes el haber creado esta noble institución.

Por otra parte, la fiscalización superior, si bien con otros nombres y estructuras, se mantuvo en los diversos documentos constitucionales que rigieron a nuestro país hasta la caída del Segundo Imperio Mexicano y la consolidación del Estado Mexicano. La Contaduría Mayor de Hacienda, contemplada en la Constitución de 1857, se abrió paso al texto constitucional de 1917, que, en su texto original, otorgó la facultad al Congreso General de expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y, de manera exclusiva, facultó a la Cámara de Diputados a vigilar su correcto funcionamiento, por medio de una Comisión exprofeso.

La Contaduría Mayor, con Gregorio Guerrero al frente, operó hasta el 2 de septiembre de 2001, cuando se transforma en la Auditoría Superior de la Federación, con la integración, funcionamiento y competencias contempladas en el artículo 79 constitucional, las cuales se potenciaron con la reforma constitucional en materia anticorrupción de mayo de 2015, que le permite auditar la transferencia de recursos federales a entidades federativas y municipios, evaluar el cumplimiento de los planes y programas federales y emitir recomendaciones para mejorar la gestión pública, entre otras, las cuales se desarrollan en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La rendición de cuentas y el control gubernamental, junto con una buena gobernanza, son constantes en nuestra historia constitucional, ya que garantizan el ejercicio correcto y transparente de los recursos públicos, observando, aclarando y en su caso sancionando su uso incorrecto.

El asunto del supuesto plagio de una tesis de licenciatura siempre estuvo muy oscuro. Se acusó públicamente a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haber copiado un trabajo previo de otro autor. Pero hasta el momento todo sigue muy enredado.

Sin embargo hay abundantes datos que trasladan este asunto del ámbito académico al campo de la política. Porque ocurre que la citada ministra era candidata abierta a la presidencia de la SCJN, y a quien la derecha le endosaba simpatías y cercanía con la

El escándalo desatado fue decisivo para que finalmente la citada ministra no pudiera llegar a la presidencia de la Corte, a la cual arribó una mujer de las simpatías del bloque conservador.

Además, desde su origen, el asunto se prestaba a las sospechas, pues el denunciante del supuesto plagio, Guillermo Sheridan, es un miembro destacado del citado bloque conservador, enemigo acérrimo éste de la Cuarta Transformación y en particular del presidente López Obrador.

Y para más sospechas cabe recordar que el patrón de Sheridan es Enrique Krauze, líder del bloque conservador, grupo político al que asimismo pertenece el rector de la

Universidad Nacional, Enrique Graue.

Con estos antecedentes ¿procede suponer que Graue es una persona imparcial? Al contrario. Lo que cabe suponer es que el rector Graue es parte principal del nuevo complot antiobradorista.

Pero el asunto es mucho más grave en el caso del rector, porque representa a una institución. Krauze, Sheridan y otros personajes de la misma ralea no representan más que a sí mismos y sólo son gerentes de negocios editoriales multimillonarios hechos al amparo del viejo régimen pripanista.

Obviamente este enredo del supuesto plagio no sólo encuera a Graue como un personaje ultra conservador. El caso también daña a la UNAM, enorme institución que actualmente se debate entre posiciones conservadoras y posiciones liberales. Podría decirse que el rector confundió la parte con el todo. Habló por el todo, la UNAM, y no por la parte, los grupos conservadores.

Eso del supuesto plagio parecía que iba bien, ya que el conservadurismo logró su meta de impedir que la ministra acusada de plagio llegara a presidir la Corte. Pero el costo de esa maquiavélica jugada ha tenido y tendrá un enorme costo político para Graue y para la UNAM. Al final de su rectorado Graue habrá de entregar muy malas cuentas a la Universidad y a los universitarios.