¿Se imaginan

cómo sería el mundo si todos pensáramos igual? Nuestra capacidad de razonar es lo que nos diferencia de otras especies, y es precisamente en virtud de ésta que existen tantas formas de concebir las cosas como personas en el mundo, en resumen, la disidencia es la esencia de la humanidad.

Los grandes sucesos que han marcado nuestra historia han tenido su origen precisamente en la diferencia de opinión y pensamiento, la lucha por estas libertades ha ocasionado guerras y revoluciones, aunque hoy en día pareciera que ya es un tema superado, la realidad es que, poco a poco y de forma muy sutil, vamos en retroceso.

Una de las manifestaciones concretas de la libertad de creencia es la llamada objeción de conciencia, que en palabras muy simples, implica que una persona se rehúsa a cumplir con un deber legal por considerar que va en contra de sus convicciones fundamentales.

De acuerdo con un estudio realizado en 179 países por diversas asociaciones civiles, más del 52 por ciento de éstos no cuentan con regulación en materia de objeción de conciencia, el 44 por ciento solo la reconoce y casi el 3 por ciento la prohíbe, es decir, aunque parezca difícil de creer, aún hay regiones en donde la intolerancia se disfraza de progreso y defensa de supuestos derechos, pero solo en favor de unos cuantos.

En un inicio las discusiones jurídicas sobre la objeción de conciencia se centraron en la posibilidad de excusarse del servicio castrense obligatorio, tal y como lo demostró Dessmond Doss, médico militar que se rehúso a utilizar armas y participar en combate durante la Segunda Guerra Mundial, y que a pesar de todas las presiones legales y sociales se mantuvo fiel a sus convicciones, pues decidió salvar vidas, en lugar de arrebatarlas.

Poco a poco esta figura fue utilizada en otras circunstancias, por ejemplo, en el ámbito sanitario, a través del rechazo a transfusiones de sangre por cuestiones religiosas, experimentar con animales, así como la negativa del personal médico a practicar abortos o participar en procedimientos de eutanasia.

El gran problema es que actualmente muchos sistemas jurídicos persiguen y criminalizan a quienes piensan distinto, pero no solo eso, aquellos que por años tomaron la bandera de la defensa de supuestos derechos hoy practican la intolerancia, en el caso concreto, hoy son los primeros en intentar limitar el derecho que tiene el personal médico a objetar conciencia.

Tanto la Ley General de Salud, como la normatividad local en la materia, limitan el ejercicio de la objeción de conciencia, lo grave de esta disposición es que en el fondo tiene oculto el mensaje de que algunos derechos valen más que otros.

Ningún Estado que se haga llamar democrático puede obligar a las personas a ir en contra de sus convicciones, pues estaríamos regresando por lo menos un par de siglos en el tiempo, nuestra ciudad que se asume como “innovadora y de derechos” debe seguir las tendencias internacionales y criterios jurisdiccionales que apuntan a que son las autoridades quienes deben garantizar que existan médicos no objetores de conciencia en las instituciones de salud, o en su caso, prever la manera de brindar esta atención en otro espacio, y no intentar trasladar su responsabilidad al personal de salud, pues es simplemente imposible decir que se está garantizando un derecho mientras se vulnera otro.

Hace unos días presenté en el Congreso de la Ciudad una iniciativa sobre este tema, se me cuestionó si era tiempo de discutirlo, mi reflexión fue que nunca hubo (ni habrá) un momento en la historia donde la diferencia de pensamiento transite de forma simple, pero es no significa que debamos permanecer indiferentes ante la injustica, nos pasó con el derecho al voto de las mujeres o la igualdad de todas las personas ante la ley, más bien, yo diría que para hablar de objeción de conciencia ya se nos está haciendo tarde.

En otras ocasiones se han verificado ya datos erróneos o de plano falsos que sostienen quienes argumentan a favor de su aprobación. Pero poco se ha dicho de las implicaciones para las finanzas públicas que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este momento. Ni hablar de los otros costos que se generarían de aprobarse la reforma energética en los términos presentados.

Los recursos al sector energético para el siguiente año se estimaron en 1.2 billones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. De este monto, 462 mil 146 millones de pesos irían a CFE. La todavía Empresa Productiva del Estado representa el 5.9 por ciento del gasto público total. La composición de su gasto ya arroja alertas que vale la pena tener presentes. Por ejemplo, el “gasto administrativo” de CFE, es decir, los recursos que se destinarían a cubrir los sueldos y salarios, los servicios generales y los materiales y suministros para su funcionamiento representan el 73.7 por ciento del total de sus recursos. Si a esto añadimos el costo de la deuda pública que tiene contratada la CFE (6.2 por ciento de su presupuesto) nos quedamos con muy poca inversión de CFE en obra pública, tan solo 5.9 por ciento de su presupuesto.

Aunque demoledores, los datos de la estructura del gasto de CFE no son el principal problema en sus finanzas. Lo peor está cuando comparamos el presupuesto destinado a inversión contra el presupuesto destinado a pensiones de sus trabajadores. En el año 2010, por cada peso que se destinó a inversión se destinaron 55 centavos a las pensiones. Para 2022, el monto en pensiones será de 48.8 mil millones de pesos, 1,200 millones de pesos más que lo destinado a inversión ¡Las pensiones costarán más que la inversión!

La bomba de tiempo nos alcanzó. No podemos decir que no lo sabíamos, al contrario, la actual administración echó atrás la negociación del contrato colectivo de trabajo y revirtió los ahorros alcanzados en 2016. De acuerdo con sus resultados financieros, la CFE sí era una empresa productiva. En 2018 y 2019 generó una ganancia de 36 y 45 mil millones de pesos respectivamente. Pero en 2020, a raíz de

El gran problema es que actualmente se persigue y criminaliza a quienes piensan distinto.

Los datos de la estructura del gasto de CFE no son el principal problema en sus finanzas. Lo peor está cuando comparamos el presupuesto destinado a inversión contra el presupuesto destinado a pensiones de sus trabajadores. En el año 2010, por cada peso destinado a inversión se fueron 55 centavos a las pensiones. Para 2022, el monto en el rubro será de 48.8 mil millones de pesos, 1,200 millones más que lo destinado a inversión ¡Las pensiones costarán más que la inversión!

esa renegociación laboral, al final del año, perdió 87 mil millones de pesos.

Esos son los costos actuales de la CFE. Además de los alarmantes datos presentados, con la reforma constitucional en materia energética se generarían otros: 1) costos judiciales por demandas y cancelaciones de contratos, 2) inversión adicional para alcanzar las metas de generación que planeta la reforma, 3) mayores recursos públicos a subsidios para mantener el costo de la luz y 4) deuda pública para financiar a CFE.

Decir desde cualquier tribuna que se asigne o autorice más presupuesto no resuelve el problema. El presupuesto público nos cuesta a todos los mexicanos. A fin de cuentas son nuestros impuestos y contribuciones los que lo conforman. El costo de oportunidad de seguir destinando mayores recursos a CFE o Pemex puede llegar a ser insostenible para los mexicanos. Algo no está bien si tenemos que decidir entre tener luz o contar con servicios de salud. Comparación que, aunque parezca exagerada, habrá que ver cómo se librará en las siguientes semanas en el Congreso de la Unión.