México necesita un Ferrari

Plantea grandes retos. En treinta años tendremos 150 millones de mexicanos que alimentar y dotar de agua potable en un escenario de degradación de la naturaleza derivado del cambio climático.

El futuro nos

Aesto hay que sumar una demanda creciente de servicios básicos como energía, salud y educación. No atender estos problemas agudizará la desigualdad, atizando la crispación social. Para dar solución a estas demandas se requiere la acción concertada del estado, sociedad y gobierno, quienes estamos obligados a buscar coincidencias y elaborar de manera conjunta planes de acción que permitan paliar efectos inmediatos y construir soluciones a largo plazo.

Hemos dado el primer paso al inscribir en la Constitución como un derecho humano el de las y los mexicanos para gozar de los beneficios del conocimiento científico y la tecnología. Ahora nos toca generar las condiciones para que esto ocurra mediante la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los investigadores estamos convencidos que los frutos de nuestro trabajo pueden ayudar de manera decisiva a orientar el rumbo de México hacia un futuro más prometedor, incluyente y sustentable, pero para lograrlo, se requiere de un entorno funcional.

Las condiciones mínimas que demanda la academia para lograr esta funcionalidad son estabilidad laboral y financiera; absoluto respeto a las libertades académicas, de investigación, cátedra y expresión; instituciones fuertes con autonomía de gestión; canales de consulta y participación confiables y productivos; mecanismos de inclusión para mujeres, indígenas y otros grupos subrepresentados; una distribución territorial equilibrada que acorte la brecha con la sociedad.

El presupuesto del gobierno es el instrumento idóneo para detonar este cambio. Para eso se precisa que la Ley General aseguré que una fracción mínima del 2% del presupuesto se asigne para actividades relacionadas a la investigación. Que esta asignación se realice privilegiando la investigación básica o fundamental, aquella que nutrirá de conocimiento a nuestro país y en la que, además, somos muy competitivos.

También se requiere que la Ley desarrolle instrumentos que faciliten, normen y promuevan el desarrollo de tecnología en los centros e institutos de investigación y su posterior transferencia al resto de la sociedad; que impulse una nueva clase empresarial, emprendedora y competitiva, que reciba el conocimiento desde la academia y lo transforme en innovación.

La Ley que necesitamos deberá utilizar como referentes la calidad y el mérito, criterios sustantivos de la actividad científica, para impulsar el crecimiento de la planta de investigación del país. Deberá también asegurar la libertad de investigación mediante la obligatoriedad para la distribución del presupuesto de la emisión de convocatorias transparentes, incluyentes y evaluadas por pares en órganos colegiados. Una política centrada en asignaciones directas no beneficia a nadie.

Hablamos de una Ley que impulse la renovación y crecimiento de la infraestructura científica. Que se avoque a la consolidación de proyectos de gran ciencia como el Sincrotrón Mexicano, pero que también que también perfile los canales necesarios para mejorar la educación y cultura científica de la sociedad.

En resumen, necesitamos una Ley funcional, bien estructurada, con visión de futuro y que genere compromisos de largo aliento al gobierno y a la academia en beneficio de la sociedad. Desafortunadamente, la versión oficial de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación presentada en la Cámara de Diputados adolece precisamente en estos temas y, de ser utilizada en su parte medular, redundará en una pérdida de oportunidad para nuestro país con impredecibles consecuencias.

México necesita un Ferrari, nos quieren vender un Twingo.