Los retos económicos que vienen

PRIMERA PARTE

Los próximos gobiernos estatales y municipales tendrán la difícil tarea de conducir sus administraciones públicas sorteando situaciones perjudiciales, que es posible que hereden de sus antecesores, ya sea por efectos adversos de la contingencia sanitaria o por presentar indicadores económicos desfavorables o muy desfavorables, que han prevalecido, en cierta medida, durante algunos periodos, los cuales, en vez de revertirse, se han vuelto una constante, como es el caso de los altos niveles de la deuda pública estatal, el desplome en los niveles de crecimiento económico, la insuficiente generación de empleos, la menor captación de inversión extranjera directa, la disminución de la competitividad a nivel estatal y municipal, los estragos económicos de la sequía y, por otra parte, el aumento de las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema.

La deuda pública estatal sin lugar a dudas es un rubro que limita la operatividad de la administración pública y los alcances de la inversión pública en infraestructura física y de los servicios públicos en educación y salud, entre otros. Conforme a la SHCP y con base en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que, de acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el estado de Chihuahua se encuentra en semáforo amarillo, donde el nivel de endeudamiento de las entidades federativas se clasifica en tres niveles: verde, que refiere al endeudamiento sostenible; amarillo, que indica un nivel de endeudamiento en observación; y el rojo, que corresponde a un endeudamiento elevado.

Con datos de la Secretaría de Hacienda estatal el total de la deuda al 31 de marzo de 2021, es de 44,797,866,308 pesos; adicionalmente la deuda de corto plazo ronda los 2,900 millones, aunque normativamente debe finiquitarse antes del término de la administración, pero que es susceptible de crecer, ya que en medios se dice que el pago pendiente a proveedores es muy alto.

El panorama se vuelve menos favorable si observamos que el déficit entre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del estado de Chihuahua para el ejercicio de 2021 es de 10,862.6 millones de pesos y el pago por servicio y abonos a capital de la deuda, en el transcurso del ejercicio es por 6,887,824,843 pesos.

A todo lo anterior habría que tener en cuenta las posibles mermas en la ley de ingresos estatal, derivadas del decrecimiento de la economía, como parte de las repercusiones de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el Covid 19. Las obligaciones financieras derivadas del alto nivel de la deuda pública estatal contraen las expectativas de obra pública estatal y la posibilidad de disponer de contrapartes presupuestales con la Federación o con los municipios, pero también ponen en duda una buena parte del cúmulo de propuestas y compromisos electorales, carentes de suficiencia económica y que probablemente a la vuelta de los años se justifiquen endeblemente: se hicieron con el corazón y no con la razón. La viabilidad económica estatal depende externamente, en gran medida, del comportamiento económico nacional y del impulso proveniente de la reactivación económica en Estados Unidos; internamente, la reestructura de la deuda, bien efectuada, debe ser en conjunción con otras decisiones estratégicas, para que no se convierta, como ha sucedido, en una medida insuficiente. Proseguiremos con la siguiente parte, en próxima entrega.