REGULARIZACIÓN DE AUTOS CHOCOLATE

AMDA

“Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación. Se necesita la tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos. Es indispensable acabar con la corrupción aduanera”.

“Sólo por dar un ejemplo, del 1 de noviembre del 2019 al 30 de agosto de 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero e irregulares. De ahí la importancia de avanzar en la regularización para que dejen de estar en el anonimato estos vehículos y puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia”.

“La regularización de vehículos ilegales afectará el patrimonio de los propietarios de autos legalmente adquiridos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. Al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos es un delito que beneficia a organizaciones criminales”.

“El pago de 2 mil 500 pesos por la regularización de cada auto ‘chocolate’ quedará fuera del sistema fiscal, pues ni siquiera es un impuesto o derecho, es una cooperación. Los poseedores de ese tipo de autos los compraron sin papeles porque no pueden comprar un auto nuevo o de agencia y ahora podrán regularizarlos, lo que traerá beneficios. Entrarán a ese programa de regularización de ‘autos chocolate’ las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”. “Hay unos 15 millones de estos vehículos en todo México. Muchos de estos vehículos son vendidos como chatarra en Estados Unidos después de un choque o al ser descontinuados por no cumplir con las normas ambientales. Luego son vendidos a precios de alrededor de mil dólares (unos 20 mil pesos) y entran a México de forma irregular donde se venden en precios desde 30 mil pesos, dependiendo del modelo y las condiciones del auto”.

“Tenemos que evitar que esta entrada de autos ‘chocolate’ se convierta en una chatarrización en el país y obviamente que no se convierta en un asunto de orden delictivo. Es un tema muy delicado, muy complejo. Hay que analizarlo con mucha objetividad. En esta propuesta se revisarán todas las posturas y escucharán sobre todo a la industria automotriz, así como a las empresas armadoras de autos y partes en el país”. “Aplaudimos la decisión del Presidente de la República de resolver esta problemática derivada del enorme diferencial de precios de los vehículos usados en Estados Unidos respecto de nuestro país y que beneficiará sobre todo a las familias de los migrantes mexicanos en Baja California”.