El verdadero reto de la verificación

Hace algunos días, iniciaron en Puebla las movilizaciones de diversos grupos en contra del programa de verificación vehicular, el cual, a partir de 1o de enero de este año, tiene un carácter obligatorio.

Este programa del Gobierno del Estado, establece las modalidades aplicables a la circulación de los vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes; sin embargo, se encontraba suspendido desde 2020, bajo el argumento de que todos los verificentros, en ese momento, incumplían las normas oficiales, o al menos las reconocidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

Fue a mediados del mes de octubre del año pasado que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo para reanudar el programa y expedir la verificación obligatoria, la cual inició en este sentido para los concesionarios del transporte público y de plataformas digitales, quienes tenían que realizarla en el periodo de octubre a diciembre de 2022.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, en ese plazo únicamente verificaron 14 mil 680 unidades de las más de 36 mil que tienen registradas la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado.

Es por ello que, entre los principales manifestantes en contra del programa, se encuentran automovilistas de transporte público, quienes al no haber realizado el proceso en tiempo y forma están expuestos a la aplicación de sanciones económicas, que van de los 20 a 30 UMAS, es decir, de los mil 924.40 pesos a 2 mil 886.60 pesos.

Asimismo, se han sumado a estas marchas -que se han realizado en la capital poblana-, productores del campo y asociaciones como Antorcha Campesina, los cuales argumentan la dificultad para cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno, entre los que destaca el incremento del costo de este trámite, además de los pocos centros de verificación establecidos, por lo que, incluso, piden la suspensión del mismo.

Y es que, actualmente, todos los vehículos que circulan en la entidad deberán realizar la verificación de manera obligatoria, dos veces al año, conforme al último digito de la placa de circulación y con apego a los periodos establecidos.

En este sentido, basta recordar que antes de que se cerrarán los centros de verificación, en 2019 la tarifa de los hologramas 1 y 2 rondaba en los 275 pesos, pero ahora se ha actualizado en 628 pesos para este mismo tipo de holograma.

Asimismo, es importante puntualizar que actualmente solo hay 16 centros de verificación a lo largo de todo el estado, nueve de los cuales están en la ciudad de Puebla. Esto es un gran reto para la logística del programa, dado que, según la Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación, generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicada en el año 2020, en la entidad poblana circulaban aproximadamente un millón 164 mil 392 unidades.

Más allá de estos desafíos para el programa, se suma el que entre las nuevas disposiciones vigentes, a partir de este mes, los vehículos con placas foráneas que circulen en la entidad deberán realizar el trámite obligatorio del “Pase turístico”, un permiso especial para hacer válida la verificación de otras entidades o tramitarla en Puebla.

Considero muy importante la aplicación en nuestra entidad de programas enfocados a mermar la contaminación ambiental, la cual, precisamente en los últimos días ha repercutido en una mala calidad del aire en la zona metropolitana; mucho más considerando estudios como el realizado por Francisco Javier Sánchez, investigador de la UPAEP, quien en el análisis “La contingencia ambiental y el volcán Popocatépetl”, determina que entre el 55 y 60% de la contaminación en la zona metropolitana de Puebla es provocada por los motores a gasolina y diésel de los vehículos que circulan en la zona.